El PSOE quería que se hablara de vivienda durante la campaña. Pero parece que ya no tanto. El tema que Pedro Sánchez convirtió en bandera electoral —el derecho a la vivienda frente a los «fondos buitre» y los grandes tenedores— se le ha vuelto en contra esta semana por las informaciones de THE OBJECTIVE, entre otras, sobre dos de sus dirigentes. Por un lado, la portavoz socialista Montse Mínguez, cuya pareja, Sergi Vélez, dirige Nest Capital, un 'holding' con al menos una treintena de pisos en alquiler, inversiones inmobiliarias de más de seis millones de euros y sociedades vinculadas a Panamá.
Además, Vélez impulsó un proyecto de chalés de lujo en Costa Brava con 33 viviendas previstas en una cala natural, con tala de cientos de árboles y obras iniciadas sin licencia municipal. Todo ello mientras Mínguez defiende que «la vivienda es un derecho, no un negocio» y el PSOE carga contra los grandes tenedores. Por otro lado, hemos conocido que el ministro Óscar López, cuyo patrimonio declarado incluye varias viviendas, ordenó el pasado mes de enero que se procediera al desahucio de un inquilino de Muface que reside en la madrileña calle del Alcalde Sainz de Baranda, casualmente justo enfrente del piso de Maricarmen, el símbolo de la lucha por la vivienda.
Todo esto sin olvidar que el 20% de los 121 diputados posee tres viviendas o más, y la mayoría obtiene rentas de alquiler. En plena precampaña del 29-N, la hipocresía de los socialistas amenaza con convertir la vivienda, la gran baza del PSOE, en una de sus principales flaquezas.
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