Daniel Matamala conversa con el exFiscal Nacional Sabas Chahuan, y con el profesor de derecho constitucional Domingo Lovera Nadie en el gobierno ha sido capaz de articular cuál es la relación entre combatir la delincuencia y entregar al Presidente de la República facultades omnímodas para que actúe como lo que Arturo Fontaine llama “un dictador constitucional”, arrestando, exiliado o espiando a cualquier chileno, sin autorización del Congreso ni control de la justicia.
El ministro Arrau ha desestimado las críticas de los que llama despectivamente “opinólogos”, aunque la lista de esos opinólogos críticos incluye a decenas de parlamentarios y alcaldes de los propios partidos oficialistas, y a prácticamente todos los expertos en seguridad, académicos y constitucionalistas de derecha, que han calificado su proyecto como demencial, una locura y un riesgo para la institucionalidad.
El Pdte Kast se ha limitado a frases desprovistas de todo contenido. Por ejemplo, asegura que “no quiere pasar a llevar algún derecho fundamental de las personas”. Que es, exactamente, literalmente, lo que dice el proyecto: suspende o restringe derechos fundamentales de las personas, partiendo por el derecho a la libertad.
Frente a nuestros ojos, dice que no hará exactamente lo que está haciendo, con su firma un proyecto que envió al Senado.
O dice que “necesitamos respaldo real, voluntad, patriotismo”. Qué tiene que ver cualquiera de esas cosas con darse a sí mismo facultades absolutas para convertirse en un dictador constitucional, de nuevo, misterio. Es impresionante que en 9 días nadie haya sido capaz de entregar un solo argumento que conecte estas facultades dictatoriales con el supuesto objetivo de combatir la delincuencia.
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