Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, descartó que el Ejecutivo tenga una orientación autoritaria o iliberal, y sostuvo que la amplitud de la propuesta puede ser interpretada como una táctica para iniciar su negociación en el Congreso. "Yo lo que creo aquí es que el Gobierno, más bien básicamente por cómo se retrotrae, el Gobierno tiró el tejo pasado. Esa es mi impresión", afirmó.
Sebastián Depolo, integrante de Rumbo Colectivo, rechazó la tesis del "tejo pasado" y cuestionó que la seguridad pueda utilizarse como una herramienta de negociación política o legislativa. "Yo no creo en la tesis del tejo pasado, o si hay tejo pasado, lo encuentro de una irresponsabilidad absoluta", respondió.
Luis Ruz, presidente del directorio del Centro Democracia y Comunidad, coincidió en que la discusión debe considerar el equilibrio entre los poderes del Estado y no limitarse a la eficacia o popularidad de las medidas. Según explicó, la propuesta invierte la lógica habitual de los estados de excepción porque "en vez de que el Poder Legislativo autorice primero, acá la propuesta del Gobierno más bien el Presidente actúa y luego el Congreso revisa", sostuvo.
Rodrigo Ubilla, director del área política y sociedad de Libertad y Desarrollo, defendió la necesidad de entregar nuevas herramientas al Estado ante la expansión del crimen organizado, pero llamó a determinar primero qué materias deben quedar en la Constitución y cuáles pueden regularse mediante leyes orgánicas.
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