El Estado español paga un seguro sanitario privado a un millón y medio de funcionarios, que tienen un trato especial que pagamos todos los contribuyentes. Ese trato especial supone diagnósticos más rápidos, menos lista de espera, ayuda para las gafas, para el dentista … para ellos y sus familias. Estos funcionarios pagan una cuota a MUFACE, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. No es un sistema obligatorio, los funcionarios pueden elegir entre la medicina pública o la privada, pero el 70% eligen está última opción.
Este año toca renovar el acuerdo entre el Estado y las aseguradoras para la gestión sanitaria de MUFACE, y en mitad de esa negociación surgen las preguntas: ¿Hay que renovar realmente este sistema? ¿No es deseable que los funcionarios públicos tengan sanidad pública? ¿Esto por qué pasa exactamente? Intentamos responder a todas estas cuestiones con los periodistas de elDiario.es Sofía Pérez Mendoza y David Noriega.
Corrección: En una primera versión de este texto y del pódcast, se afirmaba erróneamente que los funcionarios adscritos a MUFACE no cotizan a la Seguridad Social. No es cierto. Los funcionarios incorporados desde el año 2011 cotizan obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social para la generación de su pensión de jubilación y además pagan una cuota obligatoria a Muface para la cobertura sanitaria.
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